(Escribe Alberto Moya)
Juan José Mussi acaba de ser procesado por su inacción como secretario de Ambiente. El concejal electo en Berazategui no pasará a la cárcel pero sí a la historia como el primer secretario de esa área que sufre tal revés judicial que ni María Julia Alsogaray padeció.
Tiene el consuelo de que no es el único, porque sus sucesores Omar Judis (hasta marzo de 2015) y Sergio Lorusso (hasta fin de ese año) también fueron incluidos en el auto firmado por el juez federal Sebastián Casanello, a quien Jorge Lanata popularizara como “tortuga Casanello”.
Mussi tendrá alguna dificultad en juzgar si esta vez el juez actuó con mayor velocidad, ya que se enteró de la medida a cuatro años de finalizar su gestión nacional, un tiempo mayor al que estuvo al frente de la cartera ecológica (2010-2013).
Mussi llevaba tres meses imputado por “haber contribuido a generar un ámbito de desprotección de los glaciares, vulnerando así las previsiones de la ley 26.639”.
Ahora está acusado de “abuso de autoridad” por violar la ley de Glaciares, en una causa que comenzó por el derrame de cianuro hacia septiembre de 2015 en la mina Veladero y Lama, de la Barrick Gold, en San Juan, según informó el Canal 13 de esa provincia. Por ello afronta –sin prisión preventiva– un embargo personal de $ 5 millones y la prohibición a salir del país.
En concreto, deberá explicar la creación del documento “Cronograma y Fundamentos de Ejecución” que contradecía la ley 26.639. Ese documento –según el juez– impidió que fueran inventariados, conocidos, y protegidos muchos cuerpos de hielo en una región que, por su extrema aridez hacía más necesaria la preservación del agua.
Ley de Glaciares
Sancionada en 2010, la norma ordenó realizar un Inventario Nacional de Glaciares; se estableció cómo y cuándo hacerlo. Según la investigación, los ex funcionarios violaron la ley porque establecieron un criterio tan restrictivo que hizo imposible que fueran inventariados –y protegidos– muchos cuerpos de hielo de la zona donde está asentada la mina de Barrick Gold, la multinacional más grande en su rubro.
Según el juez, Mussi retuvo información, demoró el inventario y postergó los trabajos en Veladero a pesar de que era "zona prioritaria" por mandato legal.
El juez encomendó al Ministerio de Ambiente de la Nación que tomara las "medidas de protección, limpieza y restauración" y exigió "urgente" respuesta al planteo de si hubo daño al medio y que lo mensurara. De paso, envió copia del fallo al Congreso, donde estudian reformar la ley de glaciares.
El técnico
También fue procesado Ricardo Villalba, ex titular del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), responsable del inventario. Este científico sanrafaelino formuló declaraciones al diario El Sol, de Mendoza:
“Lo que hicimos fue fijar un tamaño mínimo de acuerdo a medidas globales. Por ejemplo, Suiza toma como valor mínimo 10 hectáreas, Francia toma a partir de 5 hectáreas; Chile y nosotros desde una hectárea. No fue un capricho. A raíz de haber trabajado con esta medida internacional, nos acusan de haber favorecido la actividad minera y el derrame de cianuro ya que no se inventariaron cuerpos de hielo muy pequeños que no son glaciares”.
Según él, en la indagatoria ante el juez, explicaron esas medidas internacionales y detallaron el método empleado por el Ianigla: “Argentina está siendo sumamente exigente al considerar un tamaño mínimo”, dijo, y adelantó que apelará este “injusto” dictamen. “Siguiendo la metodología nuestra hay más de 15.400 glaciares, y más de 5.500 kilómetros cuadrados de hielo, inventariados en el país. Es un trabajo de una calidad que nunca tuvo el país”.
El mendocino, que formó parte del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas que ganó el premio Nobel de la Paz en 2007, contó que tienen el apoyo de la comunidad científica nacional e internacional.
Este es el punto más fuerte que tendría Mussi para sostener su defensa si se tratara de una discusión técnica y no política como puede suponerse a partir de la velocidad que el Poder Judicial insufla a las causas contra funcionarios peronistas k.
El libro verde de Mussi
Mussi fue historiado en la biografía “… Y después la gente va y lo vota” (La Guillotina, 2013), donde se resumió que la de los glaciares fue la primera denuncia, que corrió por cuenta de la organización ecologista más grande del mundo, Greenpeace, según la cual “La actitud de Mussi es vergonzosa porque reconoce que no aplica la Ley a pedido de las mineras”. Mussi reconoció que la ley quedó trabada por las cautelares que realizaron provincias “mineras”, entre ellas, San Juan.
Mussi había declarado que la Nación no reglamentaría la Ley hasta que la Corte se expidiera sobre las cautelares presentadas por las mineras.
Tras una reunión en Olivos junto a la Presidente y el jefe de Gabinete, acometió con el artículo 907 referido a la reglamentación. Luego, en la Rosada, junto a Aníbal Fernández, dio cuenta del inicio del trabajo a fin de avanzar con la Ley de Preservación. “En 12 meses se presentará un informe”. Así fue publicado en el Boletín Oficial.
Mussi recibió un pedido de interpelación de la diputada Fernanda Reyes (ARI) y fue citado a la Comisión de Recursos Naturales presidida por Miguel Bonasso. Este legislador, uno de los primeros K, lo acusó de “encomendar el inventario de glaciares a una fundación” en cuya web exhibía “acuerdos de cooperación” con la subsidiaria de la Barrick: Innova-T recibió para solventar, “el primer año de ejecución del inventario de glaciares”, $3.400.000 de la mano de Mussi. Bonasso aportó otros detalles en su libro El Mal (Planeta, 2011).
En aquel 2011, mientras el titular del equipo técnico reconocía que los glaciares de las “provincias conflictivas” serían los últimos en ser relevados, en la Secretaría de Ambiente no respondían llamadas de periodistas.
